El alcalde de la capital del Estado de México fue asesinado a menos de una semana de asumir su cargo

El alcalde de la capital del estado del sur de México fue asesinado una semana después de asumir el cargo, dijeron funcionarios el domingo.

Alejandro Arcos juró el lunes pasado como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que bandas de narcotraficantes realizaron manifestaciones públicas, robaron un vehículo blindado del gobierno y pidieron la liberación de los sospechosos arrestados en 2023. Tomaron como rehenes a los policías.

Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.

El domingo, la Fiscalía estatal emitió un comunicado confirmando que Arcos fue asesinado, pero no proporcionó ningún detalle.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó el asesinato de Arcos y dijo que el recién nombrado secretario del ayuntamiento también fue asesinado hace tres días.

“Estuvieron en el cargo en menos de una semana”, escribió Moreno en sus cuentas de redes sociales. “Son servidores públicos jóvenes y honestos que luchan por el progreso de sus comunidades”.

Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo el escenario de una sangrienta guerra territorial entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. El conflicto provocó decenas de asesinatos espantosos y algunos escándalos de alto perfil.

El anterior alcalde fue captado en vídeo reuniéndose con los líderes de uno de los grupos criminales en el restaurante. Posteriormente fue expulsado de su partido.

En julio de 2023, funcionarios federales dijeron que ese mes se organizó una manifestación de cientos de personas en Chilpancingo para liberar a dos líderes de pandillas arrestados por la pandilla Ardillos por posesión de drogas y armas.

Los manifestantes bloquearon todo el tráfico en la carretera entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, luchando contra las fuerzas de seguridad y conduciendo un camión policial blindado que utilizaron para abrir las puertas de la legislatura estatal.

Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la guardia nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes antes de liberarlos.

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