El alcalde de la capital del estado mexicano fue asesinado a menos de una semana de asumir el cargo

El alcalde de la capital del sur de México fue asesinado una semana después de asumir el cargo, dijeron funcionarios.

Alejandro Arcos juró el pasado lunes como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que un grupo de narcotraficantes realizó una manifestación pública, robó un vehículo blindado del gobierno y exigió la liberación de los sospechosos detenidos en 2023, tomando como rehenes a policías.

Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.

El domingo, la Fiscalía estatal emitió un comunicado confirmando que Arcos había sido asesinado, pero no proporcionó detalles.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó el asesinato de Arcos y dijo que el secretario del recién instalado ayuntamiento también fue asesinado hace tres días.

“Estuvieron en el cargo menos de una semana”, escribió Moreno en las redes sociales. “Son servidores públicos jóvenes, honestos y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades”.

Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo el escenario de una sangrienta guerra territorial entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. El conflicto provocó decenas de asesinatos espantosos y algunos escándalos de alto perfil.

La reunión del ex alcalde con los líderes de uno de los grupos criminales en el restaurante quedó captada en vídeo. Posteriormente fue expulsado de su partido.

En julio de 2023, funcionarios federales dijeron que ese mes se organizó una manifestación de cientos de personas en Chilpancingo para liberar a dos líderes de pandillas arrestados por la pandilla Ardillos por posesión de drogas y armas.

Los manifestantes bloquearon todo el tráfico en la carretera entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y se apoderaron de un camión policial blindado que utilizaron para abrir por la fuerza las puertas del edificio de la legislatura estatal.

Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la guardia nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes antes de liberarlos.

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